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Durante siglos, la mujer campesina en Colombia ha enfrentado el rezago social y la violencia, resistiendo con valentía para defender sus derechos. La concentración de la tierra en manos de gamonales y su acaparamiento por organizaciones criminales y clanes políticos la convirtieron en víctima directa del conflicto armado. Gracias a su perseverancia, empieza a recibir el reconocimiento y la dignidad que le otorga el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Con la participación de más de 70 campesinos, campesinas, víctimas del conflicto armado y representantes de juntas de acción comunal, se conformó el Comité Municipal de Reforma Agraria (CMRA) en El Colegio, municipio de la provincia del Tequendama, Cundinamarca.

La Agencia Nacional de Tierras —ANT—, a través de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) Cundinamarca, acompañó la conformación del Comité Municipal de Reforma Agraria (CMRA) en el municipio de Tenjo, en una jornada de diálogo abierto con la comunidad rural. En esta oportunidad, las mujeres fueron protagonistas gracias a su amplia participación y liderazgo durante el encuentro.

En un hecho histórico para la Reforma Agraria en el departamento del Tolima, y con la participación de 400 campesinos en el corregimiento El Limón, del municipio de Chaparral, el director de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, Juan Felipe Harman Ortiz, encabezó la primera Audiencia Pública para la constitución de la Zona de Reserva Campesina Chaparral, Tierra, Vida y Paz. Esta iniciativa integra a 88 veredas, 3 corregimientos y cerca de 73.000 hectáreas, marcando un paso decisivo hacia el desarrollo rural, la protección del territorio y la construcción de paz en el departamento.

La Reforma Agraria se consolida como el gran legado que el presidente Gustavo Petro deja al pueblo colombiano en sus tres años de Gobierno. Esta vez, desde el municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba, y ante más de 3.000 personas, el mandatario de los colombianos entregó una extensión que supera las 6.500 hectáreas de tierra a más de 1.000 familias de campesinos y víctimas del conflicto en el departamento, como parte de una apuesta decidida por la reparación histórica de las comunidades rurales y el fortalecimiento del campo.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro destaca los avances en materia de justicia rural, materializados en el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos territoriales de los pueblos étnicos del país.

La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (OIGT) de la ANT, ante la reciente circulación de información sobre un presunto "cartel de tierras" en el departamento del Cesar, se dirige a la opinión pública para ofrecer claridad y reafirmar su postura institucional:

La Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (OIGT) de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, a cargo de César Libardo Santoyo Santos, informa que ha interpuesto varias denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) contra un presunto falso tramitador, señalado de cometer múltiples actos de estafa en perjuicio de campesinos y comunidades vulnerables en el Caribe colombiano.

En la ciudad de Cúcuta, territorio fronterizo y punto de convergencia para los pueblos del Catatumbo, se llevó a cabo un encuentro fundamental orientado al reconocimiento de los derechos territoriales de los resguardos indígenas Barí.

El Plan Catatumbo, estrategia liderada por la Agencia Nacional de Tierras —ANT— contempla la formalización de más de 20.000 hectáreas en esta subregión, históricamente golpeada por el conflicto armado. Según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Norte de Santander es el tercer departamento del país con mayor índice de informalidad en la propiedad rural, con un 65 % de su área geográfica en situación irregular, superado únicamente por Putumayo y Bolívar.