La Agencia Nacional de Tierras avanza en el cumplimiento de la Sentencia T-052 de 2017, consolidando con las autoridades del pueblo Barí el plan de trabajo que permitirá sustentar jurídicamente la ampliación de los resguardos Motilón y Catalaura.
La Mesa de Territorio Barí contó con la participación del Ministerio de Agricultura, la Defensoría del Pueblo, ONU Derechos Humanos, Misión de Verificación de la ONU, Parques Nacionales Naturales y las autoridades tradicionales de los resguardos Motilón, Catalaura y la comunidad de Irokobingkaira.
La mesa de territorio reunió a entidades como el Ministerio de Agricultura, la Defensoría del Pueblo, ONU Derechos Humanos, Misión de Verificación de la ONU, Parques Nacionales Naturales y a las autoridades tradicionales de los resguardos Motilón, Catalaura y la comunidad de Irokobingkaira.
Cúcuta, Norte de Santander. 4 de agosto de 2025. @AgenciaTierras.
En la ciudad de Cúcuta, territorio fronterizo y punto de convergencia para los pueblos del Catatumbo, se llevó a cabo un encuentro fundamental orientado al reconocimiento de los derechos territoriales de los resguardos indígenas Barí.
Durante los días 17 y 18 de julio, la Agencia Nacional de Tierras —ANT—a través de su Subdirección de Asuntos Étnicos (SUBDAE), lideró la mesa de territorio en el Hotel Bolívar, como parte del cumplimiento de la Sentencia T-052 de 2017, emitida por la Corte Constitucional.
Este espacio permitió avanzar en la ruta de ampliación, saneamiento y formalización de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura, una deuda histórica con estas comunidades que, durante décadas, han resistido la violencia, el abandono estatal y la pérdida progresiva de su territorio ancestral.
Olinto Rubialma Sabuel Quilindo, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras recalcó: “Ha sido un trabajo debatido, arduo y muy positivo. Logramos alcanzar consensos importantes que nos permitirán avanzar en el proceso de ampliación”.
“Inicios de agosto realizaremos una visita de campo a los polígonos de pretensión, con el objetivo de recolectar información jurídica, topográfica, agronómica y social, que contribuya al fortalecimiento de los estudios socioeconómicos y jurídicos sobre la tenencia de la tierra. Con ello, podremos proyectar el acto administrativo que dé curso a la ampliación”, concluyó Sabuel.
En esta fase de intervención, se dará continuidad a los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de la tierra, conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1071 de 2015, que define los requisitos para su elaboración. Dichos estudios deben contemplar cuatro componentes esenciales: topográfico, social, agroambiental y jurídico.
En cada uno de estos componentes es fundamental recolectar información tanto de las comunidades indígenas como de la población campesina que habita las zonas incluidas en las pretensiones de ampliación de los resguardos.
El componente topográfico abarca todos los aspectos relacionados con la delimitación del territorio, incluyendo los linderos, límites geográficos y los levantamientos topográficos necesarios para definir con precisión las áreas de intervención.
Por su parte, el componente social recoge información sobre el contexto sociocultural de los resguardos indígenas, incluyendo sus costumbres, lengua, sitios de interés espiritual y demás prácticas y creencias culturales que forman parte de su identidad colectiva.
El componente agroambiental se enfoca en el análisis de los elementos naturales presentes en el territorio, como los recursos hídricos, la biodiversidad, los tipos de cultivos, la vegetación y la fauna que sustentan la vida de las comunidades indígenas, así como sus prácticas de cuidado y preservación del entorno.
Finalmente, el componente jurídico aborda la situación legal de los predios ubicados en el territorio, incluyendo la revisión de matrículas inmobiliarias, la estructura de la malla predial y la elaboración de informes técnico-jurídicos que permitan sustentar la ampliación y formalización de los resguardos, conforme a la normatividad vigente.
Territorio como raíz de vida
El pueblo Barí es una etnia ancestral que habita la región del Catatumbo, un territorio binacional que comprende parte del departamento de Norte de Santander en Colombia y se extiende hacia Venezuela. Su idioma propio, el Barí-ara, los identifica como parte de la familia lingüística Arawak, y constituye un elemento esencial de su identidad cultural.
Son una comunidad indígena con profundas raíces culturales y espirituales vinculadas a la selva, los ríos y las montañas. Su modo de vida se fundamenta en el respeto y la protección del territorio, el cual representa la base de su identidad y supervivencia.
Según el censo realizado en 2018 por el equipo técnico de la Subdirección de Asuntos Étnicos (SUBDAE) de la Agencia Nacional de Tierras, el resguardo indígena Motilón Barí está conformado por aproximadamente 2.050 personas, agrupadas en 463 familias distribuidas en 23 comunidades ubicadas en los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander. Por su parte, el resguardo Catalaura está integrado por 2 comunidades que reúnen un total de 467 habitantes pertenecientes al pueblo Barí.
Históricamente, los Barí han sido reconocidos por su resistencia y espíritu guerrero, cualidades que le han permitido mantenerse firme frente a los desafíos de la vida en la selva y a los impactos de la colonización y el conflicto armado.
Contexto de la sentencia
Mediante la Sentencia T-052 de 2017, la Corte Constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras adelantar las acciones necesarias para atender las solicitudes de ampliación, delimitación y saneamiento de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura, en reconocimiento de los derechos territoriales del pueblo Barí.
El territorio ancestral del pueblo Barí era extenso y permitía su supervivencia a través de prácticas tradicionales como la caza, la pesca, la recolección de frutos, crustáceos y moluscos, entre otras actividades que sostenían su modo de vida nómada. Estas dinámicas permitieron mantener un equilibrio con el entorno natural, garantizando la conservación de la flora, la fauna y las fuentes hídricas en la región del Catatumbo.
Sin embargo, la colonización iniciada con la explotación petrolera en la década de 1930, a través de la concesión Barco, trajo consigo una fuerte oleada migratoria de población campesina que comenzó a intervenir intensamente el territorio. La expansión de actividades agropecuarias, mineras y la tala de bosques provocaron un impacto ambiental significativo y el desplazamiento forzado de miembros de la etnia Barí, quienes se vieron obligados a replegarse hacia zonas más profundas de la selva.
En la actualidad, la máxima autoridad de tierras de la nación ha recibido la solicitud de ampliación del resguardo Motilón Barí por un área de 188.602 hectáreas, mientras que la solicitud correspondiente al resguardo Catalaura contempla una extensión de 35.886 hectáreas. De igual forma, la comunidad de Irocobingkaira, que forma parte administrativa del resguardo Motilón Barí, ha solicitado la constitución de un nuevo resguardo indígena en un área aproximada de 63 hectáreas, ubicada en el municipio de El Tarra.
Cúcuta, escenario de esperanza y reparación
La elección de Cúcuta como sede de la mesa no fue fortuita. Esta ciudad fronteriza se ha consolidado como un espacio estratégico para la articulación interinstitucional y el avance en el cumplimiento de los compromisos del Estado con los pueblos étnicos. Al encuentro asistieron representantes del Ministerio de Agricultura, equipos técnicos de la ANT, autoridades indígenas y organizaciones aliadas.
La Agencia Nacional de Tierras reafirma su compromiso de continuar con este proceso bajo un enfoque diferencial, que garantice el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y promueva, al mismo tiempo, un diálogo constructivo y respetuoso con las poblaciones campesinas que comparten estos territorios.