En las sesiones de Comités Municipales de Reforma Agraria de Convención y El Carmen en la subregión Catatumbo, la Agencia Nacional de Tierras adelantó espacios de diálogo, con el propósito de profundizar en el conocimiento sobre la formalización de las Zonas de Reserva Forestal, establecidas por la Ley 2.ª de 1959, y sobre el Acuerdo 315 de 2023.
La Ley reconoce la ocupación regular de tierras baldías ubicadas en áreas de reserva forestal por parte del campesinado, entendiéndolo como sujeto de especial protección constitucional.
Se busca adelantar ejercicios en campo, facilitar el ingreso de los equipos técnicos e identificar veredas, de acuerdo con el potencial de intervención.
Cúcuta, Norte de Santander. 3 de julio de 2025. @AgenciaTierras.
Como parte de la implementación del Plan Catatumbo, estrategia territorial orientada a atender la crisis humanitaria en la subregión, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— adelantó espacios de diálogo en los municipios de Convención y El Carmen, con el objetivo de profundizar en el conocimiento sobre las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) establecidas por la Ley 2.ª de 1959 y sobre el Acuerdo 315 de 2023. Es información valiosa para que sea socializada durante las sesiones de los Comités Municipales de Reforma Agraria.
El acuerdo busca reconocer la ocupación de tierras baldías ubicadas en áreas de reserva forestal de Ley 2.ª del 59 por parte del campesinado, entendiéndolo como sujeto de especial protección constitucional. Su objetivo es regularizar esta ocupación, brindando mayor seguridad jurídica y garantías a las familias campesinas beneficiarias, así como facilitar la inversión pública y las intervenciones integrales del Estado en la subregión.
Luis Enrique Ordaz, coordinador de Ley Segunda de Subdirección de Administración de Tierras de la Nación informó que a través de estos espacios se quiere lograr: “Brindar garantías y derechos frente al uso de la tierra en la región del Catatumbo, en particular en el municipio de Convención y El Carmen, sumado a un trabajo importante que hemos hecho en el municipio de Teorama”.
“Con esto buscamos reconocer el uso que han hecho las comunidades en estos territorios y poderle dar garantías de acceso a crédito, garantías de permanencia en el territorio a través de estos procesos de regularización”, concluyó Ordaz.
En estos encuentros se logró la participación activa de todas las instancias representativas del campesinado, como los Comités Municipales de Reforma Agraria (CMRA), los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) y las Juntas de Acción Comunal (JAC), en articulación con las Alcaldías Municipales, a través de sus Secretarías de Planeación y Desarrollo Rural. Esta articulación interinstitucional fortaleció el diálogo territorial y el trabajo conjunto para avanzar en la garantía del derecho a la tierra.
Asimismo, junto con los líderes campesinos, se acordaron puntos de encuentro estratégicos que permitirán adelantar ejercicios en campo, facilitar el ingreso de los equipos técnicos e identificar las veredas con mayor potencial de intervención, según las prioridades del territorio. Esta coordinación garantizará que las comunidades accedan de primera mano a la información y respalden los procesos de ingreso y despliegue institucional.
Como máxima autoridad de tierras de la nación, la Agencia tiene la responsabilidad de poner en marcha la política de ordenamiento social de la propiedad rural, definida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En cumplimiento de esta función, le corresponde facilitar el acceso a la tierra como motor de desarrollo, asegurar la estabilidad jurídica sobre su tenencia, impulsar su uso conforme a la función social de la propiedad y gestionar los predios rurales que pertenecen a la Nación.
Unos de los propósitos fundamentales es fortalecer la participación de los delegados elegidos legítimamente en las Asambleas Populares Campesinas y, al mismo tiempo, ampliar la convocatoria a líderes campesinos y rurales mediante sesiones ampliadas que favorezcan el reconocimiento mutuo y la articulación territorial.
En ese sentido, es clave contar con el apoyo de las alcaldías municipales, tanto en la gestión logística como en la expedición de los certificados de uso del suelo. De manera especial, se valora su acompañamiento en las convocatorias comunitarias, facilitando la difusión de la información y fortaleciendo la articulación institucional con las comunidades.
Nebardo José Bastos Páez, coordinador de Desarrollo Rural de la Alcaldía del municipio El Carmen expresó: “Este Acuerdo 315 nos va a ayudar mucho al progreso de nuestro municipio, ya que nuestros campesinos van a poder legalizar sus predios. Además de eso, van a poder acceder a los proyectos productivos que está brindando el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y también a créditos bancarios para fortalecer sus sistemas productivos y aumentar sus cosechas por hectárea”.