- La directora de la ANT, Lina María Garrido, y el director ejecutivo de Asocars, Yesid González, reactivaron el diálogo institucional entre ambas entidades, suspendido durante cuatro años por la administración anterior.
- El acuerdo permitirá fortalecer la revisión técnica y ambiental de los predios y avanzar en soluciones a problemas que afectan los procesos de adquisición y adjudicación de tierras.
Bogotá. 10 de noviembre de 2026. @AgenciaTierras.
La reunión permitió restablecer el diálogo directo entre ambas entidades, interrumpido por cuatro años bajo la administración de Felipe Harman, y poner sobre la mesa los principales obstáculos técnicos, jurídicos y ambientales que afectan la gestión de tierras en las regiones.
Durante el encuentro, las directivas examinaron inconsistencias identificadas en los procesos de adquisición y adjudicación de predios, entre ellas terrenos con errores técnicos, entregas provisionales, propiedades adquiridas que posteriormente presentaron restricciones y predios sin condiciones jurídicas o ambientales para cumplir el propósito del Campo Milagro.
Para dar respuesta definitiva a estas inconsistencias, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars), gremio que articula a las 33 autoridades ambientales del país, acordaron habilitar un canal permanente de articulación técnica. Este mecanismo permitirá agilizar la revisión de los determinantes ambientales, orientar la compra de predios aptos para producir y fortalecer la seguridad jurídica y ambiental de las tierras destinadas a las familias campesinas, avanzando así hacia una Colombia, país de propietarios.
“El objetivo es que podamos demostrar que somos muy efectivos en las rutas que tracemos, en las mesas de trabajo y que cumplamos con los cronogramas que nos propongamos”, destacó Lina María Garrido, directora de la ANT.
Con esta articulación, la Agencia Nacional de Tierras y las autoridades ambientales buscan prevenir inconsistencias en la gestión predial y garantizar que las familias campesinas accedan a tierras aptas para producir, con seguridad jurídica y responsabilidad ambiental.