- Más de 3.240 personas pertenecientes a 1.161 familias de los pueblos Awá, Quillasinga y Pijao serán beneficiadas con la constitución y ampliación de resguardos indígenas en Nariño y Tolima.
- Durante la sesión 126 de su Consejo Directivo, la Agencia Nacional de Tierras aprobó la constitución y ampliación de tres resguardos indígenas que suman más de 330 hectáreas.
- Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro se han formalizado más de 1,3 millones de hectáreas para pueblos indígenas y afrodescendientes en distintas regiones del país.
Bogotá. 11 de marzo de 2026. @AgenciaTierras.
La Agencia Nacional de Tierras —ANT—, durante la sesión 126 de su Consejo Directivo, aprobó la constitución y ampliación de tres resguardos indígenas en los departamentos de Nariño y Tolima, avanzando en la protección territorial de comunidades ancestrales y en el cumplimiento de los compromisos de la Reforma Agraria.
Las decisiones adoptadas contemplan la constitución y ampliación de territorios que suman más de 330 hectáreas y benefician a 1.161 familias pertenecientes a los pueblos Awá, Quillasinga y Pijao.
En Nariño, la entidad aprobó la ampliación del resguardo Inda Zabaleta, del pueblo Awá, ubicado en jurisdicción del municipio de Tumaco, así como la constitución del resguardo Montaña del Fuego, del pueblo Quillasinga, en el municipio de Tangua. Estas decisiones permitirán fortalecer los procesos de autonomía, gobierno propio y manejo territorial de más de 2.600 personas pertenecientes a 950 familias de ese departamento.
En Tolima también se registraron avances con la constitución del resguardo Chenche Tunarcó, del pueblo Pijao, ubicado en jurisdicción del municipio de Coyaima. Esta decisión beneficia a 636 personas pertenecientes a 211 familias y representa un paso importante para garantizar derechos territoriales reclamados desde hace décadas por esta comunidad.
Para Olinto Rubiel Mazabuel Quilindo, subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT, estas decisiones hacen parte del compromiso institucional con la implementación de la Reforma Agraria y el ordenamiento social de la propiedad rural en el país.
“Continuaremos ejecutando la política de ordenamiento social de la propiedad rural, gestionando el acceso a la tierra, formalizando la propiedad y protegiendo territorios de comunidades étnicas y campesinas. Estas acciones fortalecen la dignidad, contribuyen a saldar deudas históricas y garantizan los derechos territoriales de las comunidades étnicas del país”, afirmó.
Además de su importancia jurídica, la constitución y ampliación de estos resguardos responden a solicitudes históricas presentadas por las comunidades en procesos de concertación y verificación territorial.
Cada decisión implica la protección de prácticas culturales, lugares sagrados, bosques, ríos y sistemas productivos que garantizan la pervivencia física y espiritual de los pueblos indígenas. Con territorios legalmente reconocidos, las autoridades tradicionales también podrán acceder a instrumentos del Estado, gestionar iniciativas comunitarias y prevenir conflictos relacionados con el uso de la tierra.
En lo corrido del Gobierno del Cambio, la Agencia Nacional de Tierras ha formalizado más de 1,3 millones de hectáreas para pueblos indígenas y afrodescendientes, beneficiando a más de 87.000 familias en diferentes regiones del país.